May 26 2009

JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA

Publicado por admin a las 18:17 en General

Estimados demandantes y afectados:

 

A continuación se transcribe un importante fallo en lo que a publicidad engañosa se refiere, dictado por la Iltma.. Corte de Apelaciones de Rancagua, en los autos R.I.C 17-2009.

 

Lo importante de esta sentencia de alzada, aparte de que se hace cargo de tópicos importantes como la prescripción, es que en contra de ella no procede recurso de casación. Eventualmente un recurso de queja, pero de dudoso resultado.

     

“Rancagua, veinticinco de mayo de dos mil nueve.

 Vistos:

 Se reproduce de la sentencia apelada sólo la fracción de su parte expositiva contenida entre fs. 429 y 438, ambas inclusive, sustituyendo en la línea final de esta última foja la inexistente forma verbal ?recepcionar? por ?recibir?.

 Se elimina todo el resto de lo expositivo y considerativo del señalado fallo.

 Y teniendo en su lugar y además presente:

 

 A.- En cuanto a la excepción de incompetencia.

 

 1.- Que la parte querellada y demandada ha reclamado, tanto en lo principal como en el primer otrosí del escrito de fs. 120, que se declare la incompetencia absoluta del Tribunal, sosteniendo, en ambos acápites de su escrito, que la infracción prevista en el artículo 23 de la Ley 19.496 no se aplica a los establecimientos educacionales, incluidos los de educación superior. Con todo, esa alegación debe ser desestimada, porque la querella y la demanda lo que imputan no es dicha infracción, sino la prevista en el artículo 28 letras b) y c), claramente aplicable a universidades y, en general, centros educativos, como expresamente lo indica el artículo 2° letra d) de la referida ley, al referirse al párrafo 1° del Título 3°, cuyo primer artículo es justamente el 28 referido en la querella. Que entre las citas legales del libelo se indique también la del artículo 23, no hace que desaparezca el fundamento de derecho literalmente expuesto en la querella y en la demanda, cual es la existencia de una publicidad engañosa respecto de un específico campo laboral de la carrera de que se trata, imputación que, para mayor claridad, se relaciona luego en forma también explícita, con la norma del artículo 28 de la Ley del Ramo. Así pues, la cita posterior del ar tículo 23 podrá resultar superflua o aún errónea, pero ello en nada afecta la competencia del Tribunal para conocer y fallar la infracción específicamente reclamada.

 

 B.- En cuanto a la ineptitud del libelo

 

 2.- Que la parte querellada y demandada imputan a la querella y demanda ambigüedad, por no distinguir las situaciones de los diferentes actores, lo que no se sostiene pues si los demandantes no distinguen ha de entenderse que todos reclaman de la misma situación, siendo cuestión de prueba determinar si ello es así o no, pero el caso es que de la lectura del libelo queda claro lo que piden y por qué, de suerte que no se ve modo de que la excepción pueda ser admitida por esa primera razón.

3.- Que, en efecto, la demandada repara en que el libelo no indica las fechas de ingreso a la carrera de cada actor, ni el tiempo de permanencia de cada uno en ella. Eso es cierto, pero sí afirma que todos fueron estudiantes de esa carrera, que todos ingresaron motivados por la publicidad que se estima engañosa, que todos se vieron perjudicados al descubrir que lo que esa publicidad ofrecía o prometía no era efectivo, indicando luego las sumas en que cada cual se siente menoscabado. Ahora bien; establecer la existencia y extensión de ese daño es un ejercicio que requiere la previa determinación de ciertos parámetros, entre los cuales está el tiempo en que cada demandante estuvo expuesto a esa publicidad y, por ende (según el libelo), engañado, y el costo que para cada uno significó ese tiempo, en el orden puramente material, además del daño extrapatrimonial que cada cual sufrió, el que naturalmente será más profundo cuánto más tiempo hubiere permanecido en el supuesto engaño y por tanto en una carrera que no ofrecía lo que el estudiante suponía. Mas, esos parámetros son materia de prueba, que servirá para determinar no sólo si el perjuicio existió realmente, sino además si tuvo la extensión que con la sumas pedidas se le quiere atribuir. No se trata, pues, lo que reclama el demandado, de una cuestión esencial para entender la demanda, sino de una necesaria para resolverla, que es cosa distinta. En el primer caso habría un problema propio de la exposición de hechos y por ende susceptible de ser atacado mediante la excepción de ineptitud del libelo, pero en el segundo lo que hay es una cuestión de fondo, relativa a si se probó o no el perjuicio y su extensión, lo cual escapa ya a la dilatoria intentada.

4.- Que, siempre en el ámbito de la ineptitud del libelo, la demandada señala que no se sabe si se reclama de una publicidad engañosa o de un incumplimiento contractual. La verdad es que sí se sabe, y perfectamente, porque los demandantes lo dicen de modo expreso: reclaman por los perjuicios que les ocasionó una publicidad que estiman engañosa, como ya se dijo al resolver lo relativo a la competencia. Por lo demás el dilema es falso, porque la responsabilidad por publicidad engañosa es precisamente de orden contractual, como la misma ley del ramo lo indica.

5.- Que luego el demandado entra en una serie de alegaciones de fondo, ajenas a la ineptitud del libelo que pretende, y concluye sosteniendo que no se han citado las normas civiles que sustentarían la pretensión indemnizatoria. Al respecto los actores han citado de modo expreso, por referencia a las disposiciones mencionadas en su querella, las normas de la Ley 19.496, la cual en su artículo 50, indicado a fs. 6 del libelo, concede las acciones indemnizatorias que naturalmente son las de orden contractual, como que la misma disposición indica que para determinar las indemnizaciones es necesario acreditar, además del daño, el vínculo contractual correspondiente. Es bastante obvio que se aplican además las normas del Código Civil sobre responsabilidad contractual, en lo no modificado por la ley especial, pero no es preciso que la demanda enuncie todas las normas legales en que pueda basarse, bastando que tenga un fundamento de derecho que la haga inteligible y permita la adecuada defensa de contrario, lo que se cumple si los actores han indicado que estudiaron la carrera de técnico de nivel superior en ciencias criminalísticas en la Universidad Tecnológica Metropolitana, sede San Fernando, que es la carrera que habría sido engañosamente promovida, con lo cual alegan un vínculo contractual con la demandada, citan además el artículo 28, que es el que establece la infracción sobre la que se basa la demanda y, por fin, citan el artículo 50 de la ley, que ya vimos es el que concede acción para reclamar en este procedimiento las indemnizaciones por responsabilidad contractual, que sean procedentes.

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C.- En cuanto a la tacha de testigos.

 

6.- Que la parte demandante ha tachado, a fs. 239, al testigo Lorenzo Medina Leal, por ser dependiente de la parte que lo presenta. Sin embargo no estamos aquí en el ámbito de la prueba tasada, sino en el de la apreciación conforme a las reglas de la sana crítica de los medios probatorios, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 18.287, de suerte que no puede haber testigos inhábiles a priori, sin perjuicio del análisis que en el fondo quepa hacer sobre la credibilidad del mismo, si es que se entiende que esa dependencia laboral afectó realmente su imparcialidad, lo que por lo demás aquí no parece ser el caso. Por estas razones, la tacha no puede prosperar.

 

 D.- En cuanto a la objeción de documentos.

 

   7.- Que la demandada y querellada ha objetado a fs. 214 una serie de documentos presentados por la contraria; pero, aparte de lo recién expuesto sobre el sistema probatorio que rige en este procedimiento, todas sus alegaciones dicen relación con cuestiones de fondo, ajenas a las causales de objeción que son solamente la falsedad y la falta de integridad de los instrumentos de que se trate. Que los acompañados por la actora sean fotocopias no significa que sean falsos, ni tampoco la demandada imputa tal cosa, limitándose a decir que no le consta su veracidad. Que no le conste tampoco a la demandada para qué se haya utilizado un crédito de consumo, nada tiene que ver con falsedad o falta de integridad. El sentido o poder probatorio que tenga o deje de tener un aviso de cobranza tampoco es tema propio de una objeción. Que un documento sea redundante es igualmente ajeno al tema que interesa ahora. Que un instrumento sea más o menos legible es también una cuestión de fondo en cuanto a qué se pueda probar con él, y no un problema de objeción. Que certificados de diagnóstico de algunos actores puedan o no probar su padecer y la conexión de esas dolencias con los hechos narrados en el libelo, es también cuestión netamente de fondo. Finalmente, que determinados documentos emanen de terceros ajenos al juicio que no los ratificaron como testigos, es también cuestión de fondo que no inhabilita formalmente a esa prueba y que, en un sistema de apreciación mediante la sana crítica, tampoco p er se impide que dichos instrumentos formen convicción.

 

E.- En cuanto al fondo de lo infraccional.

 

8.- Que los querellantes alegan haber sido víctimas de publicidad engañosa emanada de la querellada, la que los indujo a estudiar la carrera de técnicos en criminalística que la Universidad Tecnológica Metropolitana (en adelante, UTEM) impartía en San Fernando. Esa publicidad, nos dicen, expresaba que el Estado de Chile había encomendado a la Universidad formar expertos para apoyar la reforma procesal penal, agregando en material publicitario que los titulados de dicha carrera podrían asesorar directamente al Ministerio Público e indirectamente a la Defensoría Penal Pública, además de trabajar en Carabineros e Investigaciones, todo lo cual resultó falso.

 9.-Que obra en cuaderno de documentos acompañados al comparendo de fs. 193, una serie de elementos que permiten apreciar que se desplegó, por parte de la UTEM una publicidad que motivó a los actores a estudiar la carrera, impartida por esa universidad en San Fernando, de Técnico de Nivel Superior en Ciencias Criminalísticas; propaganda que presenta algunas características que, para lo que ahora se resuelve, resultan centrales. Así, a fs. 19 de ese cuaderno se lee un folleto editado por la querellada en que, respecto del perfil del titulado, se dice que los Técnicos que se formarán en esa casa de estudios tendrán como misión, entre otras, otorgar un apoyo determinante ?a quienes dirigen las investigaciones en el marco de la Fiscalía nacional?. El mismo folleto comienza con algunos párrafos que dan cuenta de la reforma que ha sufrido el sistema procesal penal chileno, indicando que el Ministerio Público dirige en forma exclusiva la investigación de los delitos, asistido por organismos auxiliares como son las policías, el Servicio Médico Legal, el Gabinete de Identificación, Gendarmería y otros, para posteriormente señalar que los diversos actores de este nuevo sistema deberán poseer conocimientos de las técnicas de investigación criminal. Si unimos esta primera parte del folleto con la posterior, que señalamos antes, parece evidente que se anuncia allí un campo profesional específico para los futuros técnicos, cual es el desempeñarse tanto en las Fiscalías del Ministerio Público, como en los organismos auxiliares de su actividad.

 10.- Que en el mismo cuaderno corren folletos en formato de periódico, en que se promueven profusamente las bondades de las carreras de perito y técnico criminalístico, asociando siempre el ejercicio profesional que para ellos se espera, con la reforma procesal penal y con sus actores, en forma explícita. En esos folletos llama la atención, además, que se publicitan convenios con Gendarmería y reuniones protocolares con Carabineros, la Asociación de Magistrados e Investigaciones. A fs. 38 rola fotocopia de otra revista de la UTEM que ya en su editorial vincula estrechamente la creación de las carreras ahora cuestionadas, con la reforma procesal penal, y señala que esas carreras que la Universidad implementa, históricamente eran impartidas por las instituciones policiales.

 11.- Que si nos detenemos para analizar nada más lo que hasta ahora hemos visto en materia de propaganda para la carrera técnica que motiva la querella, tenemos que la UTEM ofreció claramente un campo laboral específico, cual es el trabajo en la Fiscalía y en organismos auxiliares, entre los que destacan Carabineros e Investigaciones. Pero más aún; la editorial del periódico que corre a fs. 38 del cuaderno separado usa el tiempo pasado para decir que las carreras de criminalística históricamente eran (el destacado es nuestro) impartidas en los institutos policiales. Parece de todo ello evidente que el lector lego debía suponer que la Fiscalía, Gendarmería, Carabineros, Investigaciones (y quizás hasta los propios Tribunales) dispondrían de plazas para peritos y técnicos en el área criminalística, formados en la universidad. Y aún más, el lector lego resulta inducido, por el editorial comentado, a pensar que si antes (?históricamente?, como lo dice el folleto) los peritos del área eran formados en las mismas instituciones policiales, a partir de entonces ya no sería así, sino que serían formados por la universidad y contratados por las policías.

 12.- Que se publican, luego, en la misma revista, opiniones que apuntan siempre en el sentido de que los titulados tendrán un campo laboral específico, informando a los Tribunales en los juicios llevados adelante en el nuevo sistema procesal penal, lo cual significa ne cesariamente que, aunque no sea de modo exclusivo, se augura un campo profesional en el interior del Ministerio Público y en los entes policiales que a éste auxilian en su tarea de investigador y acusador. Tanto es así que se dice, en una de las entrevistas, que la formación de estos peritos debe resultar un aporte a la labor desarrollada ?por la Defensa y la Fiscalía, además de las Policías?. Sin perjuicio de que con ello se dice directamente que los titulados tendrán la posibilidad de asesorar a los Fiscales tanto como a Investigaciones y Carabineros, se utiliza además la mayúscula para referirse a la defensa, con lo cual es lógico entender que se está refiriendo también al órgano institucional denominado Defensoría Penal Pública, y no simplemente ?o al menos no solamente- a defensores privados.

 13.- Que a fs. 52 del cuaderno en examen, y siempre dentro de la misma revista, se lee otra entrevista en que se dice que ?las policías podrán contar con el respaldo de civiles preparados para contribuir al diagnóstico y solución de los problemas de delincuencia?, lo que obviamente implica que esos civiles ?los titulados de la UTEM- podrán trabajar para esas policías. A fs. 61 del mismo cuaderno, y ya no en entrevista sino en un artículo sin firma y por ende de absoluta responsabilidad editorial, se dice que los técnicos que se forman otorgarán un apoyo determinante ?a quienes dirigen las investigaciones en el marco de la Fiscalía Nacional y entidades afines?. A fs. 72 del cuaderno, un folleto proclama que los peritos y técnicos que forma la UTEM ?asumirán el rol de investigar para el Defensor Público?. A fs. 76 del cuaderno separado en análisis se lee información promocional emanada de la página virtual de la UTEM en que se indica que el Técnico en Criminalística podrá participar en el nuevo proceso penal ?sea como actor directo (fiscalía) o indirecto (defensoría)? con lo cual se promueve específicamente un campo laboral en las dos instituciones publicas creadas con el nuevo sistema procesal penal. En la misma página se promociona un campo ocupacional que incluye al Ministerio Público, las fuerzas de orden y seguridad, el Servicio Médico Legal y otros.

 14.- Que apreciadas estas probanzas conforme a las reglas de la sana crítica, no puede sino concluirse que la Universidad querellada promocionó la carrera de Técnico en Criminalística, que impartía en San Fernando, anunciando entre su campo laboral futuro, específicamente el trabajo en el Ministerio Público, Carabineros e Investigaciones, además de la Defensoría Pública y otros organismos públicos auxiliares, como el Servicio Médico Legal. Nada puede contra esta conclusión el que parte de la documentación analizada consista en fotocopias, puesto todos los instrumentos concuerdan y no se ha reclamado de ninguna falsificación o alteración de las copias correspondientes. Por lo demás, el propio testigo presentado por la UTEM reconoce que el periódico ?El Criminalista?, que en parte corresponde a la documentación agregada en el cuaderno separado, es una publicación de propaganda de la Universidad querellada. En lo demás dicho testigo nada aporta, pues se limita a recalcar la seriedad de la formación que se entregó en las aulas, que no es la cuestión debatida aquí, sin saber nada respecto del campo laboral anunciado y su confrontación con la realidad. Por fin, la contestación de la demanda ni siquiera niega, sino que expresamente admite, que varios documentos de publicidad de la carrera incluían los logotipos de instituciones policiales o del Ministerio Público, aunque sí se niegue el propósito de confundir a los estudiantes. La misma contestación alega que la propaganda consistía en una información respecto de un futuro laboral que el postulante ya tendría decidido, lo que por cierto no está probado ni parece razonable, y que las afirmaciones de autoridades de la casa de estudios, recogidas en los documentos ya analizados, no constituían una maniobra publicitaria engañosa.

 15.- Que frente a esa publicidad, que anunciaba la posibilidad concreta de un campo laboral en el Ministerio Público, la Defensoría Pública, la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, además de otros entes públicos o privados, se tiene que a fs. 271 el Ministerio Público informa que no contempla en su planta la contratación de peritos y que las personas mencionadas por la propia UTEM como titulados en sus aulas y que trabajan en el ente persecutor, lo hacen en funciones administrativas y auxiliares, para lo cual han postulado e n igualdad de condiciones con cualquier persona; a fs. 313 Investigaciones informa que no existen cargos de peritos en el escalafón de esa policía, sino que se trata de calidades que corresponden a diferentes profesionales que indica, según el área de conocimientos de que se trate, ninguno de los cuales corresponde a un técnico o licenciado en ciencias criminalísticas; a fs. 316 contesta en forma similar Carabineros de Chile, agregando que dicha institución forma sus propios especialistas dentro del área de investigación policial y criminalística. Añade que excepcionalmente podría contratarse personas a honorarios o en forma transitoria por resolución del General Director, para cubrir necesidades de servicio para las que actualmente no se requiere de personal complementario al de planta en el área de los peritos o técnicos que aquí nos interesan. A fs. 322 el Servicio Médico Legal informa que no contempla como requisito de ninguno de sus cargos ser perito criminalista, ni se contempla esa formación en los perfiles del estamento técnico.

 16.- Que todos los oficios anteriores, apreciados también conforme a las reglas de la sana crítica, no pueden sino llevar a concluir que efectivamente la Universidad Tecnológica Metropolitana ofreció en su publicidad un campo ocupacional específico, para los técnicos en criminalística, que no era efectivo. En efecto; no se trata, desde luego, de que se exija al ente formador asegurar un cupo laboral a cada egresado, como se quiso presentar en estrados por el abogado de la querellada, sino que se trata de que se ofreció como posible un campo inexistente, que es asunto muy diverso. Y no se ofreció un campo cualquiera, accesorio o secundario a otros reales, ni tampoco uno difuso o genérico, sino que se promocionó uno muy concreto y principal, pues evidentemente el Ministerio Público, en cuanto organismo encargado de manera exclusiva y excluyente de las investigaciones oficiales en materia penal, y las policías, en cuanto únicos auxiliares directos en la labor de persecución del delito, han de concentrar forzosamente el mayor porcentaje, por lejos, de pericias balísticas, dactiloscópicas, químicas, informáticas y de cualquier otro orden dentro la técnica criminológica, que tengan relevancia dentro del sistema reformado de justicia penal. Y sin embargo resulta que ni la Fiscalía ni los entes policiales contemplan cupos en sus plantas para los técnicos formados, entre otros institutos, por la UTEM, y todavía más, los organismos policiales forman a sus propios expertos en esas áreas, sin perjuicio de exigirles otras calidades profesionales que los egresados de la UTEM no tienen; o, al menos, no por mediación de la carrera que se les ofreció. Si hay otro organismo que requiere peritos criminológicos es, desde luego, el Servicio Médico Legal, ente que también nos informa que no contempla en su planta ni considera en su perfil de funcionarios a los técnicos que nos interesan. La querellada nos ha dicho que existe un puñado de sus egresados trabajando en Investigaciones, y es cierto, pero adviértase que son egresados de una carrera de ocho semestres ?y no de seis, como es el caso de los técnicos que formaba la UTEM- y que fueron contratados como oficiales policiales profesionales, calidad a la que puede acceder cualquier profesional titulado de una carrera con ocho o más semestres de extensión, para desempeñar labores propiamente policiales y no las de su respectiva profesión. Luego, en caso alguno se trata de un nicho profesional propio de los peritos y menos de los técnicos criminalísticos, los cuales ni siquiera cumplen el requisito de tiempo de estudio como para postular a ese escalafón de la Policía Civil.

 17.- Que ante estrados se ha insistido en que una empresa privada sí contrató a un grupo de siete peritos, lo que es ajeno al tema; primero porque aquí se trata de técnicos y en segundo lugar porque no es preciso que el campo ocupacional sea absolutamente nulo para que la publicidad sea engañosa, sino que basta que se promocione como posible, y todavía como campo laboral principal, uno que en verdad no exista, aunque sí haya otro adicional realmente posible, por lo demás evidentemente residual y hasta insignificante. En la especie, más allá de que alguna empresa privada o quizás un litigante aislado, pueda requerir alguna vez los servicios de un técnico en criminalística, lo cierto es que se promocionó la carrera diciendo que se podrían desempeñar en la Fiscalía, Carabineros, Investigaciones, y el Servicio Médico Legal, instituciones todas que informaron que no contemplan tal tipo de experto en sus escalafones o plantas. Ello sin contar con que la publicidad de la querellada a 1adió dentro del campo de la carrera a otros entes públicos, como la Defensoría y Gendarmería, sin que conste que ellas sí contraten a este tipo de personal, lo que, por lo demás, parece en extremo dudoso si no lo hacen los organismos que por la naturaleza de su función son los que han de requerir con mayor claridad, y evidentemente con mayor frecuencia, peritajes criminalísticos de todo tipo.

 18.- Que de esta forma se ha configurado sin género de dudas la infracción contemplada en el artículo 28 letra b) de la Ley 19.496, y esta tipificación requiere precisar que, contra lo que parece entender la querellada, no se trata de poner en duda la calidad técnica de la formación que entregó la Universidad, en cuanto a si proporcionó o no conocimientos como los que se supone tenga un experto en criminalística, sino que se trata de la idoneidad del servicio para la obtención del fin que el que lo compró tenía el derecho a esperar satisfacer, en cuanto a que lo habilitara para trabajar en los organismos que principalmente se le señalaban en la publicidad como los que podrían contratarlo. Dicho de otra forma, no está aquí en cuestión la naturaleza ni la profundidad de los contenidos académicos que se prometió, sino la idoneidad del título al que se aspira para trabajar en los organismos que se promocionaron como solicitantes de los servicios. En términos simples y directos, el servicio prestado no era idóneo (contra lo ofrecido) para otorgar al que lo suscribía un posible cupo como técnico en criminalística ni en el Ministerio Público, ni en Investigaciones, ni en Carabineros, ni en el Servicio Médico Legal.

 19.- Que frente a esa infracción la querellada ha alegado la prescripción de seis meses, pues sostiene que todos los estudiantes que accionan suscribieron el contrato de educación, que es de tracto sucesivo, con mucha anterioridad a los seis meses anteriores a la interposición de la querella.

 20.- Que por lo mismo que el contrato es de tracto sucesivo, siendo por lo demás libres los estudiantes para desahuciarlo al terminar cada período académico, la publicidad en un caso como éste no aspira simplemente a que se celebre, sino además a que se mantenga el convenio, y la infracción, si hay engaño en la publicidad, persiste en tanto no desvanezca el error el propio prestador del servicio, o hasta que el consumidor lo descubra por la vía que fuere o, por fin, hasta que el contrato expire. La tesis que sostiene la querellada, asilándose en el tenor literal del artículo 1° N° 4 de la Ley 19.496, conduce a un evidente absurdo, pues en un contrato en que el servicio se presta por largo tiempo y en el que el consumidor no tiene la posibilidad de conocer por sí mismo la realidad del campo laboral que se le ofrece sino hasta que se titula, es evidente que la publicidad lo determina tanto a celebrar la convención como a persistir en ella. Y es evidente también que el engaño no se concreta una sola vez, de modo instantáneo, sino que, como decíamos, permanece. Por fin, es claro que en un caso como el que nos ocupa, la publicidad engañosa resultaría siempre impune, porque nunca el consumidor no tendría la posibilidad de reparar en el engaño con sólo suscribir el contrato, como sí ocurre con las convenciones instantáneas o en otras de tracto sucesivo pero de diversa índole, como puede serlo un arrendamiento de maquinarias, por ejemplo, en que se comprueba enseguida si el producto o servicio adquirido responde o no a lo que se ofreció, o si es o no idóneo para el fin que se quiere satisfacer. En un contrato de educación técnica o profesional no se presta un servicio cuya utilidad en el mundo laboral ?que es el punto al que se refería la publicidad cuestionada- pueda conocerse mientras la convención pende. La interpretación correcta del numeral 4 del citado artículo 1° de la Ley 19.496, entonces, para no caer necesariamente en esa inadmisible impunidad de la falta, ha de ser otra: según esta norma la publicidad conduce tanto a informar como a motivar para contratar. En el caso sublite indujo a contratar e informó además (equivocada o engañosamente) sobre el campo laboral de la carrera. Esa información se mantuvo y con eso ya basta para comprender que la prescripción se ha de contar desde que el engaño termina o desde que el alumno se titula o se desafilia de la Universidad, pues sólo entonces deja de influir en él la información falsa y, por ende, deja de cometerse la infracción. Pero además, cuando la ley dice que la publicidad motiva a contratar un servicio, no señala con ello que el efecto publicitario (y menos aún el engañoso) necesariamente termine con la formal celebración del acto j urídico bilateral. No puede querer decirlo si el contrato es de tracto sucesivo y los efectos del servicio no se apreciarán sino al final del período. Lo que queda fijado al momento de celebrar la convención es el contenido objetivo de la misma, que no puede excluir a las condiciones ofrecidas en la publicidad, pero ella ?dicha publicidad- deja de ser tal sólo si con la celebración el contrato se agota, por instantáneo. Mas, si el servicio es permanente y su utilidad se conocerá sólo al final de su prestación, la contratación de que habla la norma se refiere no sólo a su suscripción o celebración sino a la mantención de la vigencia de ese acuerdo por todo el tiempo que el servicio dure y, por ende, cuando se dice que la publicidad motiva a contratar, se incluye en ese último término a todo el lapso de duración temporal del acuerdo de largo aliento. Motiva, pues, a celebrar y a persistir en el contrato, que son los dos aspectos del término ?contratar? que es preciso incluir, cuando se habla de este tipo de servicios.

 21.- Que en la especie no se debate que todos los actores fueron estudiantes de la UTEM, en la carrera de técnico criminalístico; la universidad no ha probado ?y ni siquiera alegado- haber disipado el engaño al que su publicidad conducía y los querellantes no manifiestan haberse enterado el error en el que estaban antes del 2 de octubre de 2007, única fecha que entregan y que corresponde al de la sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados en que se habría develado el punto. Como la acción se presentó el 21 de noviembre del mismo año 2007 y se notificó el 17 de enero de 2008, es obvio que desde la disipación del error, y por ende desde que cesó la propaganda engañosa, no había transcurrido aún el lapso legalmente contemplado para la prescripción que se alega. Por otra parte, la propia querellada ha dicho que los contratos eran de tracto sucesivo, perfeccionándose al tiempo de su celebración, sin que las sucesivas matrículas importaran convenciones nuevas, de modo que es evidente que si quería alegar que alguno de los actores hubiera dejado de ser alumno de la UTEM antes de seis meses de iniciada la acción, suyo era el peso de probarlo. A los querellantes les bastaba probar su calidad de alumnos con cual quier fecha anterior a la del libelo, lo que la mayoría de ellos hizo, como se verá luego, y los dos que no lo hicieron ?Esteban Carrasco Araya y Elizabeth Guzmán Guzmán- no precisaban hacerlo, pues la UTEM confesó espontáneamente su calidad de alumnos cuando, tras el párrafo final de fs. 157, los incluyó en una nómina de estudiantes morosos que desplegó a fs. 158 de la contestación de la demanda. Así pues, ni por el cese de los respectivos contratos ni por la disipación del error, ha dejado de persistir la publicidad engañosa -en cuanto a su efecto sobre cada uno de los querellantes- el tiempo suficiente como para que las acciones prescribieran, lo que basta para desechar la excepción.

    22.- Que, por consiguiente, se ha cometido la infracción denunciada y deben acogerse las querellas acumuladas que sobre esa base se intentaron. Sin embargo la UTEM no puede ser castigada con una multa superior a cincuenta Unidades Tributarias Mensuales, puesto que la publicidad no se difundió por medios de comunicación social, al menos en lo que de la prueba de autos consta, ya que ni los trípticos ni los folletos y ni aún los periódicos internos de la Universidad pueden alcanzar dicha categoría, reservada para la prensa televisada, radial o escrita, en tanto esté destinada a la circulación abierta, y no a la distribución restringida dentro de una casa de estudios.

 

 F.- En cuanto a las acciones civiles.

 

23.- Que los cuarenta y cuatro actores reclaman indemnización del daño emergente, que cada uno tasa en la suma de ocho millones quinientos mil pesos. Ahora bien, no todos los demandantes han probado sus gastos, y ninguno de los que lo hicieron llegan a acreditar suma tal. Desde luego es preciso ahora referirse únicamente a la prueba del daño, ya que la infracción, que sería su causa, está debidamente establecida y la pretendida prescripción de la acción sigue la suerte de lo ya razonado en materia infraccional. En cuanto a la relación de causalidad, surge por sí misma si el perjuicio se hace consistir en lo pagado para estudiar la carrera. La demandada alegó que no era posible pedir la restitución del precio del servicio sin que se demandara la resolución del contrato, en lo que se engaña porque no estamos dentro del marco del derecho civil genera l, sino en un área gobernada por ley especial, y esa ley, en su artículo 3° letra e) concede al consumidor el derecho a la reparación e indemnización de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor. Una de ellas es, por cierto, la de cumplir las normas sobre publicidad, pues las obligaciones legales se entienden incorporadas al contrato en virtud de lo dispuesto por el artículo 1546 del Código Civil, y ya vimos ?al tratar de la prescripción en lo infraccional- el alcance temporal que la obligación de ser veraz en la propaganda tiene, en el caso de los contratos de tracto sucesivo. Luego, ciertamente que los demandantes tienen derecho a que se les devuelva lo pagado por concepto de precio de una carrera que ofrecía un mercado laboral específico que resultó ser falso. Por lo demás el artículo 50 inciso segundo, de la misma Ley 19.496, no deja duda respecto a la acción indemnizatoria amplia que concede, la cual desde luego incluye al daño emergente, sin necesidad de demandar separada o conjuntamente la resolución del contrato.

24.- Que en cuanto a la naturaleza de las pruebas presentadas por los actores, se estima que producen convicción los recibos de pago, cupones con timbre de caja de la Universidad y boletas se servicios emanadas de ella, aún presentadas en fotocopias simples, puesto que no rige aquí el sistema de probanzas tasadas, como antes se dijo, y todos estos instrumentos concuerdan entre sí, no se aprecian enmendaduras o falsificaciones, no se ha imputado alguna falsedad específica, presentan el nombre y logotipo de la demandada y además concuerdan en su formato con las copias autorizadas que también existen, corrientes de fs. 85 a 87del cuaderno formado con la prueba presentada a fs. 166 del expediente principal, y de fs. 48 y 48 vta. y 66 a 72 del cuaderno formado con la prueba acompañada a fs. 190. Por último, las máximas de la experiencia y las reglas lógicas nos indican que, teniendo necesariamente en su poder la UTEM los originales de todas las boletas a las que corresponden las fotocopias acompañadas por sus alumnos y hoy demandantes, resulta evidente que cualquier discrepancia hubiera sido denunciada y probada enseguida por la demandada, que al respecto nada hizo, lo que viene a reforzar la verosimilitud que cabe asignar a los documentos acompañados como prueba por los actores.

25.- Que se ha excluido como medios de convicción a todas las boletas o recibos de pago que resulten ilegibles en cuanto a su cantidad o a la identificación del alumno que paga, sea por su nombre o siquiera por su RUT, y por cierto se ha tenido en cuenta, al sumar lo acreditado, la duplicidad de prueba respecto de un mismo pago, que a veces se presenta, por haberse acompañado talones de una cuponera y boletas de servicio, referidas al mismo período pagado. Se ha negado valor probatorio, además, a todo documento relativo a créditos otorgados por bancos a los demandantes, en tanto no conste el pago a la Universidad demandada. Sí se admite, por consiguiente, la prueba producida con certificados de emisión de vales vista a nombre de la UTEM, tomados por algunos de los demandantes.

26.- Que considerando, entonces, exclusivamente los documentos que dan cuenta de pagos por matrícula, por mensualidad o por otros cargos relativos al estudio en la universidad que interesa, se ha determinado el siguiente cuadro de daño emergente acreditado por cada actor:

Teresa Cerón Romero: $ 2.319.000

Vanesa Lara Orellana: $1.387.000

María Lenina Torrealba: $1.241.000

Yasna Alarcón Muñoz: $ 1.693.000

Yeimi Andrea Oteíza: $1.801.000

Pilar Parraguez Ramos: $321.000

Claudia Lagos Aránguiz: $2.262.350

Rocío Troncoso Contreras: $2.118.000

Patricia Meneses Astorga: $3.075.000

Judith Núñez Rivera: $ 1.339.000 (excluida la primera boleta de fs. 71 y 72 cuaderno 2)

María de los Ángeles Bravo Díaz: $1.384.052

Marianela Aránguiz Valdivia: $1.133.000 (excluido documento fs. 4 cuaderno 2)

Joseline Paredes González: $2.978.000 (excluida primera boleta de fs. 157 cuaderno 2 y considerada la última de fs. 159 sólo por las cantidades legibles).

Marisol Gutiérrez Droguett: $857.000

Carlos Ruz Gómez: $2.459.965

Alejandro Cabello Garrido: $1.354.000

Yerco Pérez Farfán: $1.241.000

Fernando Olea Hernández: $1.477.000

Jorge Moreno Torres: $1.176.000

Christopher Matus Aránguiz: $1.598.000

Pablo Jáuregui Antúnez : $1.182.999

Leonardo Calquín Rivera: $1.241.000

Jonathan Gálvez Torres: $1.138.000

Danilo Mandriaza Barraza: $2.287.000

Alexis Parraguez Hidalgo: $1.181.000

Darwin Felipe Díaz Díaz : $304.000

Esteban Arnoldo Silva Silva: $1.849.000. (No se consideran: la boleta 10962 de fs. 69 del primer cuaderno, que equivale al cupón de fs. 78, y, por resultar ilegibles, las boletas 09958, 15344, 34926 y 62454 de fs. 68, 69,73 y 76 del mismo cuaderno)

Patricio Castillo Parra: $927.000

Joanthan Canales Hidalgo: $520.000

Franco Fuentes Guevara: $ 304.000

Matías Cisternas Veloso: $ 529.550

Carlos Olave Loyola $ 1.799.000

Samir Zerene Codocedo: $1.786.000

Mauricio Villarroel Carreño: $2.215.770

Carmen Rosa Cabezas Díaz: $1.482.000 (No se considera el talón de fs. 64 del primer cuaderno pues no se indica período al que corresponde, como para determinar que no esté ya sumado por medio de alguna de las boletas. No se suma tampoco el monto de la boleta que figura en la parte superior de fs. 65 del mismo cuaderno por no poderse leer la identificación del alumno, ni en cuanto al nombre ni en cuanto al RUT).

José Guillermo Morales Martínez: $2.076.234

María Luisa Riquelme Rodríguez: $761.000

Damaris López Valdés: $746.000

Lilian Bañarez Pino: $2.977.000

Pablo Pino Quintanilla: $2.663.000

Denisse Chacón Alcaide: $1.726.000

Juan Luis Chacón Alcaide: $839.000 (No se considera la boleta 27113 de fs. 133 del segundo cuaderno, por ilegible en cuanto a su cantidad).

 27.- Que no acreditaron daño emergente, en cambio, Elizabeth Guzmán Guzmán y Esteban Carrasco Araya.

   28.- Que todos los demandantes han reclamado además daño moral, que fijan en veinte millones de pesos y hacen consistir tanto en el sufrimiento que experimentaron, como en la pérdida de tiempo que significó para sus vidas el estudio de la carrera para la que se prometió un campo laboral específico que resultó falaz.

   29.- Que la demandada niega que se haya probado ese daño moral que, por disposición legal expresa, cabe acordar en caso de producirse por infracción a la Ley del Consumidor, constituyéndose en un caso expresamente normado para la reparación de este tipo de perjuicio en sede contractual.

   30.- Que, ante todo, ha de señalarse que el daño moral presenta un contenido más amplio que el solo precio del dolor, con que tradicionalmente se le equipara. La doctrina tiempo ha que ha excedido ese límite y por ello prefiere usar, en vez de la expresión blquote daño moral? la de ?daño extrapatrimonial?, pues incluye allí otros dolores, como el propiamente físico y no ya puramente anímico o psicológico, o incluso circunstancia objetivas, como la pérdida de algún órgano del cuerpo, o de oportunidades en la vida, sea o no que provoquen adicionalmente un dolor de especial intensidad psicológica. La importancia de esta precisión es grande, porque cuando se trata de este tipo de daño, extrapatrimonial pero objetivo, no hace falta sino probar precisamente esas circunstancias, y no el dolor anímico, como aquí lo exige la demandada. Cierto es que en muchos casos ?y veremos que éste es uno de ellos- ese dolor resulta acreditado por presunciones derivadas de los mismos supuestos objetivos, pero más allá de ello, convengamos, por ahora, en que todos los actores perdieron uno o más años de sus vidas laborales o académicas, estudiando una carrera que no ofrecía lo que se les prometió en la publicidad. Esa sola pérdida de tiempo es en sí misma constitutiva de daño moral, que cabe valorar ateniendo a lo escaso del recuso perdido, vista la fugacidad de la humana existencia que en cuanto a lo laboral es más breve aún, descontadas las etapas de la alegre infancia y la ceñuda vejez, inútiles ambas para la generación de la situación económica que es una de las razonables expectativas que se quiere concretar al estudiar una carrera técnica o profesional.

31.- Que, además, y en todo caso, la prueba del daño moral entendido sólo como precio del dolor, no siempre requiere acreditar directamente el sufrimiento psíquico, pues en muchas situaciones, como la de la muerte de una persona cercana, por ejemplo, basta demostrar el supuesto objetivo para presumir la aflicción subjetiva. Es también éste el caso, porque no cabe sino suponer que perder uno, dos o tres años de estudio en una carrera que se suponía habilitante para ingresar al Ministerio Público o a las policías, descubriendo al final que todo eso era falso y que de restar algún campo ocupacional será residual y hasta ínfimo, como ya se dijo, no puede sino producir desazón, desconsuelo, desánimo, en una palabra, dolor. Luego, por la vía de ampliar el campo de acción del llamado daño moral o por la de entender probado el sufrimiento por medio de las presu nciones que derivan de las mismas circunstancias objetivas de haber seguido la carrera de que se trata, todo se reduce a demostrar que los actores fueron estudiantes de esa profesión, en las aulas de la demandada, lo que ya se dijo que está acreditado, y el tiempo en que cada cual lo fue, pues lógicamente mayor ha de ser el daño mientras más tiempo se perdió en aquellas aulas, sin que pueda valorarse en menos de tres millones de pesos el perjuicio, por cada año académico de que se tratara.

32.- Que Carmen Rosa Cabezas Díaz ingresó a la carrera en el año 2004, como lo prueban los documentos de fs. 61, 62, 64, 65 (fotocopia inferior), 66 y 67 del primer cuaderno anexo, por lo que le correspondería en principio una indemnización por daño moral ascendente a doce millones de pesos. Sin embargo hablamos de una carrera de seis semestres, de suerte que, salvo que se acreditaran circunstancias extraordinarias, que no es aquí el caso, no podría un estudiante reclamar por más de tres años el daño moral, ya que el tiempo restante que haya perdido en la carrera no resulta imputable al plan de estudios anunciado con aquella publicidad engañosa que da origen a la indemnización, sino a la acción o a la omisión del propio estudiante. Luego, como no sabemos las razones por las que Rosa Cabezas estuvo cuatro años en la carrera, pues ella nada dice al respecto (recordemos que la demanda ni siquiera especifica el tiempo que cada cual estudió en la UTEM), no puede imputarse a la demandada sino los tres años que la carrera debía durar y, por ende, se asignará a esta actora, en razón de daño moral, la suma de nueve millones de pesos.

33.- Que Teresa Cerón Romero, Vanesa Lara, Yeimi Andrea Oteiza, Pilar Parraguez Ramos, Claudia Lagos Aránguiz, Rocío Troncoso Contreras, Patricias Meneses Astorga, Judith Núñez Rivera, María de los Ángeles Bravo Díaz, Marisol Gutiérrez Droguett, Carlos Ruz Gómez, Jorge Moreno Torres, Christopher Matus Aránguiz, Alexis Parraguez Hidalgo, Darwin Díaz Díaz, Esteban Silva Silva, Franco Fuentes Guevara, Matías Cisterna Veloso, Carlos Olave Loyola, Mauricio Villarroel Carreño, José Guillermo Morales Martínez, Damaris López Valdés, Lilian Bañarez Pino, Pablo Pino Quintanilla, Denisse Chacón Alcaide y Juan Luis Chacíon Alcaide, ingresaron a la carrera en el año 2005, seg fan se prueba con los mismos documentos de pago con que acreditaron su daño emergente. Luego, como la demanda se entabla a fines del 2007, a cada uno de ellos le corresponde un total de nueve millones de pesos por concepto de daño moral.

34.- Que María Lenina Torrealba, Yasna Alarcón Mañan, Marianela Aránguiz Valdivia, Alejandro Cabello Garrido, Yerco Pérez Farfán, Fernando Olea Hernández, Pablo Jáuregui Antúnez, Leonardo Calquín Rivera, Jonathan Gálvez Torres, Danilo Mandriaza Barraza, Patricio Castillo Parra, Jonathan canales Hidalgo y Samir Zerene Codocedo, probaron mediante los documentos de pago pertinentes, haber ingresado a la carrera en el año 2006, por lo que le corresponde a cada cual una indemnización por concepto de daño moral ascendente a seis millones de pesos.

35.- Que en los casos de Joseline Paredes González y María Luisa Riquelme Rodríguez, existen algunos documentos que mencionan como año de ingreso el 2005 y otros, el 2006. Emanando todos estos instrumentos de la propia demandada, hay que estarse al que señale la fecha más antigua, sobre todo porque, como antes se dijo, en manos de la Universidad estaba aclarar todos estos puntos. Cual ocurriría con una confesión que contuviera datos contradictorios, el documento cuyo original emane de la demandada y que acredite un extremo mayor, respecto de aquello que se reclama contra la UTEM, es el que debe prevalecer. Luego, a cada una de estas dos demandantes corresponde una indemnización de nueve millones de pesos por concepto de daño moral.

36.- Que, finalmente, como ni Elizabeth Guzmán Guzmán ni Esteban Carrasco Araya presentaron prueba ninguna, sólo resta la confesión espontánea contenida en la contestación de la demanda, a fs. 156 y 157. Pero esa confesión no dice cuánto tiempo sean alumnos esas personas, por lo que sólo cabe tener por cierto que lo eran en el año 2007, cuando la demanda se presentó, y por ende estuvieron engañados en esa calidad todo el año, hasta octubre, en que se enteraron del problema, lo que importó perder necesariamente ese período académico, porque a esas alturas ya no cabía salvarlo optando por otra carrera. Luego, cada cual de ellos debe recibir tres millones de pesos por el daño moral padecido.

Y visto además lo dispuesto por los artículos 32 y siguientes de la Ley 18.287, se declara:

I .- Que se revoca la sentencia apelada de treinta de diciembre de dos mil ocho, corriente de fs. 429 a 465, en cuanto por sus decisiones C) y D) acogió respectivamente una tacha de testigos y objeciones de documentos, y en su lugar se declara que se rechaza tanto la primera como las segundas.

II.- Que se revoca asimismo la señalada sentencia en cuanto a la decisión signada con la letra E), declarándose en su lugar que los pagos que la Universidad deberá devolver son únicamente los que se acuerdan a cada actor en este fallo, a título de indemnización del daño emergente.

III.- Que se revoca también el fallo apelado, en tanto concedió indemnización por daño emergente a Elizabeth Guzmán Guzmán y a Esteban Carrasco Araya, y en su lugar se declara que no se accede a esa petición de sus respectivas demandas.

IV.- Que se revoca, por fin, la aludida sentencia, en cuanto condena en costas a la Universidad Tecnológica Metropolitana, y en su lugar se declara que se le absuelve de ellas, por haber tenido motivos plausibles para litigar y alzarse.

IV.- Que se confirma en lo demás apelado la sentencia en alzada, con las siguientes declaraciones:

a) Que se eliminan de la decisión signada con la letra A), todas las expresiones que comienzan en la segunda línea del párrafo, tras una coma que se sustituye por una ?y?, con las palabras ?por cuanto? y concluyen en la primera línea de fs. 464 con las expresiones ?ingreso a la carrera;?.    

b) Que se reduce a la suma equivalente a cincuenta Unidades Tributarias Mensuales, según su valor en pesos a la fecha del pago, la multa que se impone a la Universidad Tecnológica Metropolitana, como sanción por la infracción de publicidad engañosa cometida.

c) Que en lo que se refiere a la letra G) de lo resolutivo de primer grado, se elimina todo lo considerativo indebidamente mencionado allí, contenido en las tres primeras líneas de la decisión ?tres últimas líneas de fs. 464- en todo el resto del párrafo, consistente en las cinco primeras líneas de fs. 465, en las cuatro primeras líneas del segundo párrafo de fs. 465 y en la mención de la Ley 18.217 que se contiene en la quinta línea de esa foja, y se fijan las indemnizaciones en la forma siguiente:

c-1) Por concepto de daño emergente, se ac uerdan las cantidades que para cada actor a continuación se indican:

Teresa Cerón Romero: $ 2.319.000

Vanesa Lara Orellana: $1.387.000

María Lenina Torrealba: $1.241.000

Yasna Alarcón Muñoz: $ 1.693.000

Yeimi Andrea Oteíza: $1.801.000

Pilar Parraguez Ramos: $321.000

Claudia Lagos Aránguiz: $2.262.350

Rocío Troncoso Contreras: $2.118.000

Patricia Meneses Astorga: $3.075.000

Judith Núñez Rivera: $ 1.339.000.

María de los Ángeles Bravo Díaz: $1.384.052

Marianela Aránguiz Valdivia: $1.133.000

Joseline Paredes González: $2.978.000

Marisol Gutiérrez Droguett: $857.000

Carlos Ruz Gómez: $2.459.965

Alejandro Cabello Garrido: $1.354.000

Yerco Pérez Farfán: $1.241.000

Fernando Olea Hernández: $1.477.000

Jorge Moreno Torres: $1.176.000

Christopher Matus Aránguiz: $1.598.000

Pablo Jáuregui Antúnez : $1.182.999

Leonardo Calquín Rivera: $1.241.000

Jonathan Gálvez Torres: $1.138.000

Danilo Mandriaza Barraza: $2.287.000

Alexis Parraguez Hidalgo: $1.181.000

Darwin Felipe Díaz Díaz: $304.000

Esteban Arnoldo Silva Silva: $1.849.000.

Patricio Castillo Parra: $927.000

Joanthan Canales Hidalgo: $520.000

Franco Fuentes Guevara: $ 304.000

Matías Cisternas Veloso: $ 529.550

Carlos Olave Loyola $ 1.799.000

Samir Zerene Codocedo: $1.786.000

Mauricio Villarroel Carreño: $2.215.770

Carmen Rosa Cabezas Díaz: $1.482.000.

José Guillermo Morales Martínez: $2.076.234

María Luisa Riquelme Rodríguez: $761.000

Damaris López Valdés: $746.000

Lilian Bañarez Pino: $2.977.000

Pablo Pino Quintanilla: $2.663.000

Denisse Chacón Alcaide: $1.726.000

Juan Luis Chacón Alcaide: $839.000.

Todas estas cantidades se reajustarán en el mismo porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en que cesa de cometerse la infracción, esto es, el 2 de octubre de 2007 en que según la demanda se develó el engaño, y la fecha del pago efectivo. La suma así reajustada generará intereses corrientes entre las mismas fechas.

c-2) Por concepto de daño moral, se acuerda a Carmen Rosa Cabezas Díaz, Teresa Cerón Romero, Vanesa Lara Orellana, Yeimi Andrea Oteiza, Pilar Parraguez Ramos, Claudia Lagos Aránguiz, R ocío Troncoso Contreras, Patricias Meneses Astorga, Judith Núñez Rivera, María de los Ángeles Bravo Díaz, Marisol Gutiérrez Droguett, Carlos Ruz Gómez, Jorge Moreno Torres, Christopher Matus Aránguiz, Alexis Parraguez Hidalgo, Darwin Díaz Díaz, Esteban Silva Silva, Franco Fuentes Guevara, Matías Cisterna Veloso, Carlos Olave Loyola, Mauricio Villarroel Carreño, José Guillermo Morales Martínez, Damaris López Valdés, Lilian Bañarez Pino, Pablo Pino Quintanilla, Denisse Chacón Alcaide, Juan Luis Chacíon Alcaide, Joseline Paredes González y María Luisa Riquelme Rodríguez la suma, para cada cual, de nueve millones de pesos que queda condenada a pagarles la demandada, Universidad Tecnológica Metropolitana.

c-3) Por concepto de daño moral se concede a María Lenina Torrealba, Yasna Alarcón Mañan, Marianela Aránguiz Valdivia, Alejandro Cabello Garrido, Yerco Pérez Farfán, Fernando Olea Hernández, Pablo Jáuregui Antúnez, Leonardo Calquín Rivera, Jonathan Gálvez Torres, Danilo Mandriaza Barraza, Patricio Castillo Parra, Jonathan canales Hidalgo y Samir Zerene Codocedo, la suma de seis millones de pesos que queda condenada a pagar a cada uno de ellos la demandada Universidad Tecnológica Metropolitana.

c-4) Por concepto de daño moral se concede a Elizabeth Guzmán Guzmán y a Esteban Carrasco Araya una indemnización de tres millones de pesos, que a cada uno deberá pagar la demandada, Universidad Tecnológica Metropolitana.

Todas las cantidades acordadas como indemnización del daño moral se reajustarán según la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de este fallo y la del pago efectivo, generando intereses corrientes las cantidades así reajustadas, entre las mismas fechas.

Atendida las peculiares características de la sentencia de primer grado, incluido su destacado párrafo final, dése cuenta al Tribunal Pleno, compulsándose al efecto tanto dicho fallo como el presente.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro Sr. Mera.

Rol N° 17-2009.

 

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los señores Ministros Titulares don Raúl Mera Muñoz y don Carlos Moreno Vega y el Abogado Integrante don Juan Guillermo Briceño Urra.  

 

Catalina Henríquez Díaz

Secretaria Subrogante

 

En Rancagua a veinticinco de mayo del dos mil nueve, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede”.

 

 

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